El embargo permite a los acreedores reclamar el pago de una deuda reteniendo y rematando bienes del deudor. Para que un acreedor solicite un embargo, debe entablar y ganar un juicio. Este procedimiento judicial, que incluye la orden de un juez, es necesario para que el embargo sea legal.
Un proceso de embargo puede durar desde varios meses hasta varios años, por lo que es recomendable que las partes involucradas consulten con un abogado especializado para obtener una estimación más precisa basada en las circunstancias específicas de su caso.
La duración de un proceso de embargo en Colombia puede variar considerablemente dependiendo de varios factores, como la complejidad del caso, la carga de trabajo del juzgado, la diligencia de las partes involucradas y los posibles recursos o apelaciones presentadas.
Generalmente, una vez que se presenta la demanda y se admite, el demandado debe ser notificado, lo cual puede tardar entre unas pocas semanas a varios meses, dependiendo de la facilidad con que se localice al demandado. Después de la notificación, se programará una audiencia preliminar, que podría llevar de uno a varios meses.
El proceso judicial tarda más de un año, dependiendo de la complejidad del caso, la cantidad de pruebas, testimonios, y la eficiencia del juzgado. Una vez concluido el juicio, el juez emitirá una sentencia. Si la sentencia ordena el embargo, se deben seguir ciertos procedimientos administrativos y legales para ejecutarlo, lo que puede tomar varias semanas o meses adicionales.
La ejecución del embargo incluye la identificación y valoración de los bienes a embargar, la notificación al empleador (en caso de embargar un sueldo), y la realización del embargo efectivo. Este proceso puede tomar varios meses más.
La amenaza de embargo es una estrategia utilizada para presionar al deudor a pagar, pero los despachos de cobranza no pueden ejecutarla por sí mismos sin la intervención judicial y la orden correspondiente. Se recomienda buscar ayuda especializada, como una empresa con una plataforma para solucionar deudas en mora y refinanciamiento, con el fin de salir de esa mala situación financiera.
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El embargo requiere un proceso judicial con una orden de un juez, por eso es recomendable consultar con un abogado especializado en finanzas personales para orientación.
También es importante recordar que la notificación de embargo debe emitirla una autoridad judicial y jamás lo hará el acreedor directamente, así que los morosos no deben permitir actos de intimidación. Incluso las personas reportadas de manera negativa ante Centrales de Riesgo tienen derechos, entre estos, la posibilidad de liquidar sus compromisos financieros.
Dado que un proceso judicial de embargo es largo, la mayoría de las entidades crediticias no tomarán esa ruta y preferirán negociar con los morosos aunque ya estén reportados. La clave en estos casos es que el acreedor esté dispuesto a recuperar parte de lo adeudado y que el deudor tenga la firme intención de pagarlo.
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